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La Universidad: de la docta a la impune ignorancia


Ahora, cuando el país discute la reforma de la ley que regula la educación superior, es oportuno pensar de nuevo a qué tipo de educación nos referimos y cuál corresponde mejor a una sociedad democrática. Llama la atención que el gobierno haya puesto como motivaciones centrales para justificar la propuesta que "las condiciones socioeconómicas, tecnológicas, demográficas y culturales en el país y en el mundo han cambiado enormemente en estos 18 años" y que "es evidente el cambio en las estructuras del sistema que empiezan a ser insuficientes para responder a las demandas sociales de cupos, de conocimiento, de innovación y en general de soluciones a sus problemas".

Al analizar los fundamentos de la reforma y los objetivos mencionados, también llama la atención que la propuesta se haya centrado casi exclusivamente en el aumento de la oferta universitaria y no se haya fundamentado en asuntos claves del país en estos años como, por ejemplo, la exacerbación de la violencia, el agravamiento de la corrupción, la cultura del enriquecimiento fácil y la manifiesta degradación en el ejercicio de la política. Al pensar que muchos de esos dirigentes corruptos se han formado en nuestras universidades y en las más prestigiosas del exterior, no merece preguntarse ¿cuál debe ser el objetivo de la educación superior? Ello debería apuntar sobre todo a una revisión de los objetivos y de la calidad en la formación de la Educación Superior de Colombia, para preguntarnos: ¿Educar para qué?, ¿qué tipo de ciudadano estamos formando y para qué proyecto de país?, ¿qué papel cumplió la Universidad durante estos 18 años y cuál debe cumplir para construir un país justo, equitativo y democrático?

La reforma, además de centrarse en estrategias para favorecer la inversión privada y el aumento de la oferta de cupos universitarios, sólo atiende a consolidarse como factor de desarrollo científico y económico, dejando de responder al hecho de que también tiene que ser "factor de desarrollo... cultural... político y ético a nivel nacional y regional". Lo más grave es que aunque estas palabras figuran en el texto desde la promulgación de la ley 30, no es un objetivo suficientemente atendido como elemento constitutivo del sentido de Universidad para la construcción de una nación.

Aumentar la cobertura y mejorar la calidad son propósitos que nadie duda en apoyar; sin embargo, el primero solo es demagogia cuando el Estado no está dispuesto a financiarla plenamente y no atiende a sus efectos dramáticos en la calidad, y el segundo, depende directamente de cómo entendemos la educación universitaria. El objetivo de la educación superior es ¿la rentabilidad, el crecimiento económico, "correr las fronteras del conocimiento", conocer grandes teorías científicas, perfeccionar destrezas técnicas, la titulación de alto nivel para sus profesionales?, o también, ¿es el desarrollo de la persona, la formación del ciudadano y el bienestar de la gente? Para Martha Nussbaum, la rentabilidad claramente deja de lado la idea del desarrollo personal basado en la imaginación y el pensamiento crítico; además, producir crecimiento económico no equivale a producir democracia.

Es obvio que sin recursos materiales, sin la aplicación de los más avanzados resultados de investigación a la solución de los problemas, y sin docentes calificados, es difícil ofrecer una buena educación y bienestar a la sociedad. Los problemas comienzan apenas tales obviedades son formuladas, porque se confunden con los objetivos de la educación y se olvida que son simples medios, son el camino para llegar al logro de unos resultados: ¿alcanzar indicadores de evaluación altos y el progreso económico? o ¿buscar condiciones dignas de existencia y un saber para la vida? Si el objetivo es lo primero, las artes y las humanidades seguirán decorando los currículos universitarios; si es lo segundo, la ley 30 y la reforma propuesta no lo contemplan de ninguna manera.

Es una de las razones por las cuales en la universidad de hoy se presenta una especie de impunidad frente a la ignorancia, porque se busca ostentar y acumular títulos académicos sin importar si ellos corresponden o no a la calidad del saber y a la formación personal de quien los posee. Pocos se fijan en que muchas publicaciones académicas especializadas sean mal escritas, alardosas, de enorme pobreza de ideas y que simplemente cumplan con ciertos estándares formales para copiar o reproducir datos; en los docentes que no aman lo que enseñan, o que abusan y valorizan al extremo los recursos audiovisuales para transmitir información, que hasta pasa a ser entendida de manera natural como sinónimo de conocimiento. Nada de eso importa, porque la finalidad del conocimiento ya no consiste en el examen crítico de las opiniones, en el desarrollo de un pensamiento autónomo y libre; ya no se trata de conocer el mundo para saber movernos humanamente en él o para imaginar un mundo donde podamos vivir mejor. Ser profesional antes, además del desarrollo de unas habilidades y destrezas especiales orientadas a intervenir problemas que los individuos y la sociedad enfrentan, imprimía un carácter (un ethos), una forma de ser, un estilo de vida donde lo primero que descollaba era la honestidad en los actos y genuina vocación de servicio.

La Universidad hoy poco puede ofrecer de eso, vale decir, ya no constituye ninguna promesa de sabiduría, de dignificación de la persona, de protección y enriquecimiento de la cultura, ni de servicio a los individuos y a la sociedad. Ella ofrece, a cambio, el desarrollo de unas competencias propias de la vida productiva y del trabajo para buscar logros personales competitivos y exitosos. El conocimiento, "el desarrollo de la ciencia y la tecnología", por sí mismos, se han convertido en conquistas de ese tipo. Quiere decir, nos quedamos a mitad de camino al centrar nuestra atención en un medio –de indudable valor: la ciencia, la tecnología, el conocimiento- para olvidarnos del objetivo de la educación: el desarrollo de la persona, la formación del ciudadano y el bienestar de la gente en condiciones de convivencia democrática.

Como así son las cosas, fácilmente la universidad ha terminado alimentando un experto funcional, que con hábil manejo de datos e información puede pasar por investigador, por autor, por sabedor y, para peor, premiado en su simulación. Si ello ya da réditos no necesita avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la educación. Sobre todo porque buscar lo último es difícil, no tanto por la dificultad de sus procesos, sino por la decisión que se debe tomar: abandonar la autoimagen de superioridad y respetar al otro, en términos de aceptar que el conocimiento es tan infinito que nosotros apenas sabemos menos que nada y que lo que más importa es el cómo se enseña en lugar de la cantidad de contenido enseñado. Así lo vio Nicolás de Cusa, un pensador que tenía un pie en el Renacimiento y otro en el mundo Moderno, para quien la docta ignorancia era la principal cualidad del sabio. Reviviendo la vieja sentencia socrática, solo sé que nada sé, el verdadero maestro para "la educación superior" entiende que él simplemente sabe y domina cosas distintas a los otros, quienes piensan, sienten y viven de un modo diferente.

Enseñar a nivel superior es, por ello, un acto de confianza y cooperación y no de intimidación del otro a quien yo (sabio) le enseño (por ignorante). Es formar en el libre pensamiento, en la autonomía, en el pensamiento crítico, vale decir, desarrollar en cada uno la capacidad de pensar por sí mismo y cultivar la imaginación para comprender -con la lectura, el arte, la propia fantasía - otras vidas, y con seguridad descubrir que la nuestra es apenas una entre miles formas de sentir el mundo, de gozarlo y sufrirlo, como también que compartimos anhelos, temores y sueños con otros seres o personas muy distintas a nosotros. Además, que tenemos derechos comunes por los que merece la pena luchar. Por supuesto ello es posible cuando contamos con maestros formados así y no en cierta petulancia pedagógica que convierte la repetición de datos e información en suprema sabiduría.

Democracia no es sólo el gobierno de la mayoría, sino, sobre todo, poder gozar de la libertad de pensar distinto a los demás y tener la garantía de que por ello no nos pasa nada. Cuando se consigue pensar por uno mismo, se está en condiciones de aprender de quien más sabiamente enfrente las circunstancias concretas y cambiantes de la vida, y no de seguir a mesías o pregoneros de las fórmulas salvadoras que siempre saben lo que se "debe hacer". Esto se llama, en sentido pleno, "libre pensamiento", libre de un partido, iglesia, idea -por científica que sea-, gremio o rebaño. Para quien nunca aprende a pensar por sí mismo resulta más cómodo que otros lo hagan por él y en ellos hipoteca sus decisiones. En su lugar, la libertad de pensar ha de permitirnos sopesar las alternativas y escoger con juicio reflexivo la que mejor aporte a la condición humana y la convivencia en sociedad. Y en un Estado es la Universidad el espacio privilegiado donde uno espera que estas condiciones humanas tan especiales y fundamentales para la convivencia democrática se cultiven. Pero si la universidad tiene como objetivo principal el crecimiento económico, seguro aportará mucho a los propósitos empresariales, pero casi nada a la democracia y al bienestar de la vida ciudadana de todos los días, que tampoco es solucionada mediante su intervención paternalista en las comunidades más excluidas.

Si defendemos que la autonomía debe ser una condición fundamental reconocida a la Universidad y no a todas las Instituciones de educación superior (IES) como pretende la reforma, es justamente porque el objetivo central de los institutos técnicos y tecnológicos es la capacitación para el trabajo, de suerte que la enseñanza se centra en saberes parciales y en procedimientos y destrezas aplicables a problemas muy prácticos y productivos. La universidad, en cambio, necesita autonomía plena (no absoluta) para cultivar el pensamiento crítico y libre; el uso de conceptos y argumentos (no simples imágenes); para combinar la imaginación humanística y la generación de nuevo conocimiento de los hechos, contando con independencia frente a las exigencias de las empresas productivas que la estén acosando con soluciones inmediatas, y de los intereses políticos que buscan resultados o privilegios particulares.

Una reforma de la educación superior en Colombia debería proponer como norma, en lugar de un extenso articulado, solo una ley fundamental que tuviese en cuenta, entre otras pocas cosas: Que es un derecho fundamental que el Estado debe financiar para garantizar el cultivo de la libertad de enseñanza e investigación; del pensamiento crítico, la formación autónoma de la persona y su capacidad de argumentar razonadamente; de ciudadanos libres y de profesionales con vocación de servicio a la sociedad. Para conseguir esos objetivos les reconoce autonomía plena a las universidades, cuya misión la deben cumplir usando como medios los resultados más avanzados de la ciencia y la tecnología y los logros más perdurables del conocimiento científico, de la cultura, de las artes y las humanidades.

La educación en todos sus niveles desde el preescolar mismo hasta la Universidad debe propender por formar hombres felices, vale decir, reconociéndose en lo que como seres humanos van siendo en la existencia compartida con los demás; formar ciudadanos autónomos, capaces de decidir por sí mismos, como consecuencia de haber elaborado por cuenta propia el conocimiento de las cosas y de haberlo incorporado a un estilo de vida, a una visión del mundo que pueda ser compartido como bueno para todos y no seducidos por la propaganda y las figuras luminosas que desde dentro de la Universidad de hoy, cual caballo de Troya, permiten que la incultura y la ignorancia se enseñoreen impunes.

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